El presidente de la Comisión Pastoral de Drogadependencia, el obispo Jorge Lozano, cuestionó que se hable de “consumo problemático de drogas“. Apuntó contra un libro que el Gobierno distribuyó en todas las escuelas
El obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Pastoral de Drogadependencia, monseñor Jorge Lozano, cuestionó un programa de prevención contra las drogas impulsado por el gobierno nacional al considerar que brinda un lenguaje “ambiguo”.
“Hablar de un consumo problemático de drogas es parte de un lenguaje ambiguo que no alcanza a decir lo que pasa realmente cuando uno se droga”, aseguró Lozano.
La ley que crea un programa nacional de educación y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas espera por ser instrumentada desde hace más de un año.
Pero las palabras de Lozano refieren a lo que se expresa en un libro que durante 2010 el Gobierno distribuyó en todas las escuelas de gestión estatal sobre prevención del “consumo problemático” de drogas.
Se trata del libro “Prevención del consumo problemático de drogas, un enfoque educativo“, escrito por Graciela Touzé.
Lozano consideró que en algunas de estas publicaciones que se entregan a los jóvenes con la intención de disminuir los daños ocasionados por el consumo de drogas “se les explica, por ejemplo, cómo inhalar de forma de reducir los riesgos”.
“Esto termina siendo una espada de doble filo porque se deja entrever la idea de que habría formas seguras de drogarse que no son perjudiciales”, opinó Lozano en declaraciones a un matutino porteño.
Asimismo, el obispo de Gualeguaychú –uno de los aspirantes a reemplazar al cardenal Jorge Bergoglio como titular de la Conferencia Episcopal Argentina a fin de año– hizo una crítica tácita al jefe de Gabinete, Aníbal Fernñandez.
“He escuchado a algún funcionario nacional afirmar que para el 75% de los jóvenes el consumo de drogas es recreativo, pero algo que daña la salud no es algo recreativo como puede serlo un juego”, señaló.
En 2008, Aníbal Fernández había dicho que “entre el 70 y el 75% del consumo juvenil de drogas es recreativo, entre un 20 y un 25 es abusivo y apenas el 5 restante es adicto”.
Fuente: InfoBae
jueves, 10 de marzo de 2011
lunes, 7 de marzo de 2011
Carta a la Senadora Graciela di Perna
SENADORA
Graciela di Perna
Desde la Red de Madres y Familiares de Afectados por el Consumo de Drogas reprobamos la sanción de la nueva ley de Salud Mental por considerar que vulnera el derecho a la salud cuando se niega la internación a quien verdaderamente la necesita y que además, parece desconocer a la Defensoría de la Nación es su función de ser quien vela y asegura que se cumpla el marco de derecho integral y pleno en las intervenciones judiciales en salud. Acordamos con lo expresado en la nota realizada por el Parlamentario.com a la Senadora Nacional Graciela di Perna, donde se plantea la superficialidad con la que se trató el tema en el Congreso; por dar un ejemplo, en Diputados fue aprobada en un combo con dos leyes más, sin discusión; y si se discutió en Comisión anteriormente, no hay Orden del Dia, es decir la version taquigráfica de tal discusión no se encuentra o no existe.
Agradecemos encontrar que al menos un legislador la haya cuestionado y obrado con coherencia al denunciar los defectos graves que tiene esta ley, porque hoy, que ya se aplica, esta costando vidas; y el irresponsable procedimiento del cuerpo legislativo en un tema que insistimos, hoy nos cuesta vidas, una, dos,tres, muchas.
Cordiales Saludos,
Viviana Sacco
Grupo Montserrat
Red de Madres y Familiares de Afectados por Consumo de Drogas
redmadresyfamiliares@gmail.com
Graciela di Perna
Desde la Red de Madres y Familiares de Afectados por el Consumo de Drogas reprobamos la sanción de la nueva ley de Salud Mental por considerar que vulnera el derecho a la salud cuando se niega la internación a quien verdaderamente la necesita y que además, parece desconocer a la Defensoría de la Nación es su función de ser quien vela y asegura que se cumpla el marco de derecho integral y pleno en las intervenciones judiciales en salud. Acordamos con lo expresado en la nota realizada por el Parlamentario.com a la Senadora Nacional Graciela di Perna, donde se plantea la superficialidad con la que se trató el tema en el Congreso; por dar un ejemplo, en Diputados fue aprobada en un combo con dos leyes más, sin discusión; y si se discutió en Comisión anteriormente, no hay Orden del Dia, es decir la version taquigráfica de tal discusión no se encuentra o no existe.
Agradecemos encontrar que al menos un legislador la haya cuestionado y obrado con coherencia al denunciar los defectos graves que tiene esta ley, porque hoy, que ya se aplica, esta costando vidas; y el irresponsable procedimiento del cuerpo legislativo en un tema que insistimos, hoy nos cuesta vidas, una, dos,tres, muchas.
Cordiales Saludos,
Viviana Sacco
Grupo Montserrat
Red de Madres y Familiares de Afectados por Consumo de Drogas
redmadresyfamiliares@gmail.com
“Hay aspectos cuestionables en la ley de Salud Mental que van a dificultar la implementación” (Noviembre de 2010)
Parlamentario.com pudo dialogar con la senadora chubutense Graciela Di Perna, que se abstuvo este miércoles en la votación en particular de dicho proyecto. La legisladora dijo que le parece “contradictorio” que algunos hayan avalado la iniciativa pese a reconocer algunas fallas.
Una de las voces autorizadas para hablar de la ley de Salud Mental aprobada este miércoles por el pleno del Senado es la chubutense Graciela Di Perna, que es la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara alta: la legisladora, que se abstuvo al momento de la votación en particular, señaló en una entrevista con Parlamentario.com que mantiene “reserva” en relación con el texto aprobado.
Senadora, ¿cuál fue el tratamiento de este proyecto en la Comisión de Salud de la Cámara alta?
-Empecé este año en la Comisión de Salud, donde encontré que el proyecto de Salud Mental aprobado en Diputados había sido analizado superficialmente durante el año anterior. Una de las primeras intervenciones en el tema fue una invitación del ex diputado Silvestre Begnis para participar en la primera reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA), que se hizo en el Senado. Además de él participaron Antonio Morante, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Yago Di Nella -quien estaba por hacerse cargo de la dirección nacional de salud mental y adicciones-, y el doctor Cohen, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En dicha reunión mencionaron que estuvieron trabajando durante cuatro años en el proyecto de ley y manifestaron la necesidad de una rápida sanción del Senado. En consecuencia, nos pusimos a trabajar, analizamos el proyecto con los asesores y comprobamos que no sólo tenía una serie de imperfecciones, sino que tampoco había sido consensuado con las áreas respectivas de las provincias, que ya tenían una ley; sí con ciertas ONGs, pero no con asociaciones profesionales, jueces, ni por quienes llevan las actividades en el ejecutivo en las provincias, que ya tienen una ley de salud mental propia.
¿Qué sucedió luego?
-A partir de allí, los asesores se pusieron a trabajar en las sugerencias de modificaciones, considerando los proyectos presentados como un aporte a la discusión, entre los cuales se encontraba uno que teníamos en coautoría con el senador Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal). Todos aportaban al análisis de la nueva sanción, proponían modificaciones y cambios en los artículos más conflictivos. Pese a la inmensa cantidad de expositores que hubo en las reuniones de comisión y a todas las propuestas para mejorar el proyecto, el senador Cano –titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta- y la senadora Fellner –vicepresidenta del cuerpo que lidera el tucumano- impulsaron el proyecto venido de Diputados, sin cambiar una coma.
¿Qué puntos critica de la nueva ley de Salud Mental?
-Me parece contradictorio que algunos senadores reconocieron fallas pero votaron a favor, manifestando que hay que confiar en que el Ministerio de Salud los va a corregir en la reglamentación. Yo creo que debería haber sido una tarea de los senadores, porque nuestro papel es ser una Cámara revisora. Es parte de nuestro rol como institución y por eso creo que la aprobación fue desprolija.
¿Tiene alguna objeción sobre el articulado?
-Esta iniciativa no menciona en ningún punto el abordaje de la problemática ambulatoria, me parece que es una falla grosera. Además confunde la internación con institucionalización. La internación deja de ser una herramienta del médico para el tratamiento de las personas y pasa ser una decisión exclusiva del juez. Por lo tanto, burocratiza la internación de los pacientes que así la requieren. Por otra parte, esta ley crea un órgano supervisor de revisión que está por encima de los jueces, mientras que nosotros planteábamos que el órgano revisor debía ser el ministerio público de la defensa, que es una institución existente, en vez de burocratizar las estructuras. Lo más probable es que no se termine creando. Otra de las cuestiones es que para llevar adelante una ley de desmanicomialización se necesita trabajar fuertemente en la infraestructura no sólo cerrando manicomios, sino abriendo dispositivos intermedios, llámese casas de medio camino, centros de día o centros de salud. Y la ley no estipula nada sobre estos dispositivos intermedios, que son fundamentales en el proceso de reinserción en la comunidad de estos pacientes. El Estado Nacional tampoco se compromete con un fondo para llevar adelante esta ley. Por eso las provincias van a ser las que se terminen de hacerse cargo, provincias que justamente no se consultaron en el tratamiento de este proyecto.
¿Y en cuanto a los equipos interdisciplinarios?
-La ley plantea a los equipos interdisciplinarios no como una sumatoria de los saberes, sino que deja abierta la puerta a la intromisión en la competencia de cada profesión. Esto puede llevar al ejercicio ilegal de la medicina. Considero que esto va a generar múltiples problemas en los equipos de salud en donde no se respete esta cuestión. También es un problema la indicación de medicamentos, que es una competencia médica porque tiene que ser indicado con responsabilidad y competencia científica, procurando que produzca lo menores efectos colaterales sin dar lugar a sospechas de mala praxis a todo el staff médico.
¿Cree que se podrá aplicar correctamente la ley?
Tal como está, creo que en Argentina hay muchos puntos inaplicables. Se está replicando el modelo fallido que aplicó Brasil y que ha sido impulsado por organismos internacionales, como la OPS. También es un ejemplo la ley de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires, que tampoco se pudo aplicar. A mí me parece que sólo se tuvo en cuenta este criterio importado sin considerar aquellas excelentes experiencias nacionales, que a lo largo de muchos años se han ido perfeccionando y trabajado por profesionales argentinos de nuestro país. Las provincias se van a tener que hacer cargo de algo para lo cual no van a recibir ningún fondo.
¿Por qué se abstuvo en la votación en particular?
-Yo voté la ley en general porque creo que una ley de Salud Mental es necesaria, pero también creí que se podían introducir modificaciones para mejorarla y no fue así, lo que me llevó a abstenerme en la votación en particular.
Una de las voces autorizadas para hablar de la ley de Salud Mental aprobada este miércoles por el pleno del Senado es la chubutense Graciela Di Perna, que es la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara alta: la legisladora, que se abstuvo al momento de la votación en particular, señaló en una entrevista con Parlamentario.com que mantiene “reserva” en relación con el texto aprobado.
Senadora, ¿cuál fue el tratamiento de este proyecto en la Comisión de Salud de la Cámara alta?
-Empecé este año en la Comisión de Salud, donde encontré que el proyecto de Salud Mental aprobado en Diputados había sido analizado superficialmente durante el año anterior. Una de las primeras intervenciones en el tema fue una invitación del ex diputado Silvestre Begnis para participar en la primera reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA), que se hizo en el Senado. Además de él participaron Antonio Morante, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Yago Di Nella -quien estaba por hacerse cargo de la dirección nacional de salud mental y adicciones-, y el doctor Cohen, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En dicha reunión mencionaron que estuvieron trabajando durante cuatro años en el proyecto de ley y manifestaron la necesidad de una rápida sanción del Senado. En consecuencia, nos pusimos a trabajar, analizamos el proyecto con los asesores y comprobamos que no sólo tenía una serie de imperfecciones, sino que tampoco había sido consensuado con las áreas respectivas de las provincias, que ya tenían una ley; sí con ciertas ONGs, pero no con asociaciones profesionales, jueces, ni por quienes llevan las actividades en el ejecutivo en las provincias, que ya tienen una ley de salud mental propia.
¿Qué sucedió luego?
-A partir de allí, los asesores se pusieron a trabajar en las sugerencias de modificaciones, considerando los proyectos presentados como un aporte a la discusión, entre los cuales se encontraba uno que teníamos en coautoría con el senador Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal). Todos aportaban al análisis de la nueva sanción, proponían modificaciones y cambios en los artículos más conflictivos. Pese a la inmensa cantidad de expositores que hubo en las reuniones de comisión y a todas las propuestas para mejorar el proyecto, el senador Cano –titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta- y la senadora Fellner –vicepresidenta del cuerpo que lidera el tucumano- impulsaron el proyecto venido de Diputados, sin cambiar una coma.
¿Qué puntos critica de la nueva ley de Salud Mental?
-Me parece contradictorio que algunos senadores reconocieron fallas pero votaron a favor, manifestando que hay que confiar en que el Ministerio de Salud los va a corregir en la reglamentación. Yo creo que debería haber sido una tarea de los senadores, porque nuestro papel es ser una Cámara revisora. Es parte de nuestro rol como institución y por eso creo que la aprobación fue desprolija.
¿Tiene alguna objeción sobre el articulado?
-Esta iniciativa no menciona en ningún punto el abordaje de la problemática ambulatoria, me parece que es una falla grosera. Además confunde la internación con institucionalización. La internación deja de ser una herramienta del médico para el tratamiento de las personas y pasa ser una decisión exclusiva del juez. Por lo tanto, burocratiza la internación de los pacientes que así la requieren. Por otra parte, esta ley crea un órgano supervisor de revisión que está por encima de los jueces, mientras que nosotros planteábamos que el órgano revisor debía ser el ministerio público de la defensa, que es una institución existente, en vez de burocratizar las estructuras. Lo más probable es que no se termine creando. Otra de las cuestiones es que para llevar adelante una ley de desmanicomialización se necesita trabajar fuertemente en la infraestructura no sólo cerrando manicomios, sino abriendo dispositivos intermedios, llámese casas de medio camino, centros de día o centros de salud. Y la ley no estipula nada sobre estos dispositivos intermedios, que son fundamentales en el proceso de reinserción en la comunidad de estos pacientes. El Estado Nacional tampoco se compromete con un fondo para llevar adelante esta ley. Por eso las provincias van a ser las que se terminen de hacerse cargo, provincias que justamente no se consultaron en el tratamiento de este proyecto.
¿Y en cuanto a los equipos interdisciplinarios?
-La ley plantea a los equipos interdisciplinarios no como una sumatoria de los saberes, sino que deja abierta la puerta a la intromisión en la competencia de cada profesión. Esto puede llevar al ejercicio ilegal de la medicina. Considero que esto va a generar múltiples problemas en los equipos de salud en donde no se respete esta cuestión. También es un problema la indicación de medicamentos, que es una competencia médica porque tiene que ser indicado con responsabilidad y competencia científica, procurando que produzca lo menores efectos colaterales sin dar lugar a sospechas de mala praxis a todo el staff médico.
¿Cree que se podrá aplicar correctamente la ley?
Tal como está, creo que en Argentina hay muchos puntos inaplicables. Se está replicando el modelo fallido que aplicó Brasil y que ha sido impulsado por organismos internacionales, como la OPS. También es un ejemplo la ley de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires, que tampoco se pudo aplicar. A mí me parece que sólo se tuvo en cuenta este criterio importado sin considerar aquellas excelentes experiencias nacionales, que a lo largo de muchos años se han ido perfeccionando y trabajado por profesionales argentinos de nuestro país. Las provincias se van a tener que hacer cargo de algo para lo cual no van a recibir ningún fondo.
¿Por qué se abstuvo en la votación en particular?
-Yo voté la ley en general porque creo que una ley de Salud Mental es necesaria, pero también creí que se podían introducir modificaciones para mejorarla y no fue así, lo que me llevó a abstenerme en la votación en particular.
viernes, 5 de noviembre de 2010
DESDE SALTA, MADRES SOLIDARIAS:

- Principales factores que llevan a nuestros hijos al consumo de drogas:
La falta de contención educacional es uno de los principales factores que llevan a nuestros hijos al consumo de droga o pegamento: las escuelas no están preparadas para contener a los niños ni a los adolescentes. Sin embargo, en Salta existe una ley desde el 2005 que nuestro gobernador no quiere poner en práctica, que establece que los maestros se deben capacitar en el tema y por ello reciben puntaje. Si se realizara realmente no sólo podrían ayudar con la prevención de las adicciones sino que también se podría crear un padrón para la asistencia.
Las carencias en salud es una influencia también muy importante: no hay controles en los centros periféricos y los profesionales creen que son dueños de la estructura que existe en los barrios. Esto pasa tanto en los establecimientos de salud como en los educativos.
La discriminación social y la falta de instituciones de contención barriales: La sociedad discrimina a los que viven en barrios pobres y asentamientos, somos considerados solamente como villeros que nos reproducimos. Nuestros adolescentes no tienen posibilidad de seguir un nivel terciario, el gobierno les da talleres de arte y oficio nada más. Tampoco existe contención barrial de recreación ni deportiva.
- Dificultades para obtener apoyo judicial y gubernamental para internaciones y desintoxicaciones
En Salta peregrinamos mucho, nos cuesta que nuestros hijos tengan el beneficio de la internación porque los jueces provinciales nos duermen los expedientes de pedidos de protección de persona a pesar que muchos de los chicos son menores y los padres no pueden hacer ejercicio de la patria potestad. Solamente manifestándonos frente a la secretaría ante los medios logramos que nos los internen, pero sin la desintoxicación necesaria para ir creando un paciente. Para colmo en la Secretaría de Adicciones no los quieren internar si no tienen voluntad, es algo imposible sacarlos del lugar que ellos entraron para enfrentar una realidad sin esperanzas.
- Falta de voluntad política, infraestructura, elementos y profesionales:
La Secretaría de Adicciones mandó una orden a los hospitales San Bernardo, Milagro y Ragones para que reciban y realicen desintoxicación, pero los gerentes nos mandaron un escrito donde piden que en lo posible no dejemos que deriven a nuestros hijos porque no cuentan con los profesionales adecuados, tampoco con medicamentos ni infraestructura, corriendo riesgo la vida de nuestros hijos y de los pacientes allí alojados. Solicitamos que dentro del hospital estatal CEPRI se realicen las desintoxicaciones pero no se logró todavía.
- La organización de las madres surge de la necesidad de unirse para proteger a los hijos de los malos tratos policiales y de la falta de protección judicial
MADRES SOLIDARIAS se originó porque muchas madres teníamos el problema de que nuestros hijos eran objeto de malos tratos en la comisaría del menor sin representación de los defensores. Dado que la mayoría de los problemas se originaban en las adicciones logramos que se implemente la ley 26061 y que los policías dejaran de maltratar a nuestros hijos. Hoy tenemos un equipo de guarda-cárcel y estamos peleando para que un equipo interdisciplinario nos apoye a las madres y nos guíe en la dura situación de reformular nuestras familias.
- De la unión y del amor nace la fuerza:
Tenemos la certeza de que únicamente a través de la unión, de ese fuerte lazo de confianza y de amor entre nosotras logramos de a poquito nuestros objetivos. - La pobreza atenta contra la comunicación en la familia, las instituciones no protegen:
Todas somos madres de clase humilde, sentimos pena por tener que mandar a nuestros hijos a comedores comunitarios. De esa forma no tenemos tiempo para contarnos cosas y poder aconsejarlos, muchas trabajamos todo el día para llevar la comida, otras esperamos que el gobierno nos ayude con bolsones. Es una situación de negligencia que sobrepasa nuestros esfuerzos. - Buscando que la sociedad salteña tome conciencia de su responsabilidad, tratando de contrarrestar lo que dice el gobierno:
El gobierno realiza campaña para mostrar que nuestros hijos son adictos por descuido nuestro, nosotras les hicimos ver a la sociedad que no es así, que el problema es de todos por una suma de factores que están instalados en esta sociedad salteña. - Obligar a las instituciones políticas, religiosas y de la sociedad civil a que se involucren:
La Iglesia se mantenía neutral, pero el ministro fue a visitar al arzobispo y le propuso realizar nuestro proyecto en Potrero de Linares con convenios con organizaciones civiles nacionales e internacionales. El arzobispo quiere hacerlo con Fazenda de la Esperanza. Los comedores no saben cómo abordar el tema, las escuelas se mantienen con la política de expulsar al niño que no rinde, los partidos políticos tratan de utilizarnos en su lid eleccionaria, los centros vecinales trabajan con nosotras porque tienen muchos casos. - Hostilidad y desidia de las autoridades: unirse para comprometer y presionar
Las autoridades nos ven como las enemigas, ya que no les permitimos las omisiones que quieren imponernos. Logramos que la mayoría de los diputados y de los concejales nos escriban individualmente su apoyo al proyecto de Potrero de Linares. Pero aún no se nos otorga el predio. Ahora le presentamos toda una carpeta para que analicen y tomen una decisión. - La falta de protección policial y de compromiso judicial lleva a la autogestión y a la lucha directa contra el narcotráfico, con los riesgos que implica:
Realizamos denuncias a las bocas de expendio, estamos en los procedimientos y vemos que en menos de 24 hs. salen en libertad: nos persiguen, nos apedrean las casas, y los jueces desestiman nuestras denuncias.
La policía no se quiere involucrar porque los jueces no mandan las órdenes. - Las campañas de concientización con repercusión mediática rinden frutos:
Realizamos campaña de concientización y varios medios se sensibilizaron con nuestra causa. Cuando denunciamos a los jueces o a la policía nos llaman y nos escuchan para realizar su trabajo. - Solidaridad entre madres
Nos reunimos en los barrios, donde acompañamos a las mamis que tienen que realizar denuncias para la atención de sus hijos.
Estamos en permanente contacto con las madres de diferentes barrios, cuando se presenta un nuevo caso estamos allí, lamentablemente no podemos hacer campaña de prevención como nos gustaría porque no contamos con fondos. - Falta de prevención, algunos logros en rehabilitación pero aún con importantes carencias en desintoxicación, atención y control:
Planteamos que se cree un centro de rehabilitación y lo realizaron para menores, hoy queremos que ese centro sea a puerta cerrada y que realicen desintoxicación, que controlen a los centros de las organizaciones para que realicen una terapia adecuada y que los contengan los fines de semana, que es cuando los peligros son más fuertes.
- La despenalización implica complicidades con los vendedores de drogas
No podemos permitir la impunidad de los vendedores que dicen ser consumidores. La ley de estupefacientes dice que un adicto debe ser tratado como tal y debe realizar una desintoxicación y la rehabilitación correspondiente, no le debemos dejar la vida de nuestros hijos al factor suerte o a los inescrupulosos que no les interesa. - La prevención no sólo debería ser dirigida a los jóvenes sino también a las familias, que necesitan informarse y fortalecerse para poder protegerlos:
Una campaña de prevención que llegue no sólo a los jóvenes sino a nosotras las madres que muchas veces no sabemos cómo detectar el problema. También debe fortalecer al jefe de familia, para que sea como años antes, que sólo se temía a la oscuridad porque llegaba la noche y no porque los problemas tapan nuestra visibilidad. - Mensaje a todas las madres, tengan o no el problema de hijos con adicción:
No parimos delincuentes ni drogadictos: son hijos que están necesitando de vos y de usted, aunque me tenga a mí.
Marina Vega, presidente de la asociación MADRES SOLIDARIAS
domingo, 12 de septiembre de 2010
Nuestro reconocimiento a la Dra. Claudia Román Rú por la claridad de su decisión sanitaria, impar en todo el resto del país.
Salta - Orden de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones
Todos los hospitales deben atender casos de adicción
( Fuente: Extraído del diario El Tribuno)
La Secretaría de Salud Mental y Adicciones envió una circular a todos los hospitales aclarando que deben atender a personas que lleguen con problemas derivados del consumo de drogas y luego derivarlas a organismos especializados. Las guardias tienen que tratar las urgencias por pacientes con problemas derivados del consumo de drogas.
Viernes, 20 de Agosto de 2010. 07:10hs.
Las guardias pueden recibir a pacientes con sobredosis y otros cuadros médicos relacionados con diferentes sustancias, situación se se hizo más frecuente en los últimos años.El comunicado llegó a todas las gerencias de la provincia y se refiere a “la obligatoriedad de atención, desintoxicación e internación de personas con dependencia cuando sea necesario”.
Claudia Román Rú, secretaria de Salud Mental y Adicciones, indicó que la circular se envió a raíz de “algunos inconvenientes” en la sistematización de la asistencia a pacientes con adicción.
Hasta ahora no estaba del todo claro en qué institución debían tratarse las urgencias relacionadas con el consumo de drogas o alcohol. Román Ru describió que, superada la emergencia, los hospitales deben derivar los casos de abuso de sustancias al área a su cargo para que pueda iniciarse una rehabilitación.
“La primera atención que necesitan los pacientes es clínica y después debe realizarse un abordaje interdisciplinario”, sostuvo la funcionaria.
Adolescentes. El 43 por ciento de los que recurrieron a diferentes terapias en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones durante 2009 estaba entre los13 y 15 años.
Género. De los pacientes que iniciaron tratamientos en organismos del Gobierno el año pasado eran varones el 89 por ciento. Para las mujeres, sería más difícil pedir ayuda.
“Desafío” Según se difundió, todos los hospitales de Salta Capital y la mayoría del interior tienen servicios de psicología o psiquiatría que pueden intervenir en las crisis de pacientes con adicción. Piden que médicos y enfermeros informen las situaciones de abuso de sustancias a organismos especializados.
Román Rú dijo que la dependencia a las drogas “debe abordarse conjuntamente desde lo clínico, psicológico y nutricional”, y que “es un desafío para todo el sistema de salud”.
Todos los hospitales deben atender casos de adicción
( Fuente: Extraído del diario El Tribuno)
La Secretaría de Salud Mental y Adicciones envió una circular a todos los hospitales aclarando que deben atender a personas que lleguen con problemas derivados del consumo de drogas y luego derivarlas a organismos especializados. Las guardias tienen que tratar las urgencias por pacientes con problemas derivados del consumo de drogas.
Viernes, 20 de Agosto de 2010. 07:10hs.
Las guardias pueden recibir a pacientes con sobredosis y otros cuadros médicos relacionados con diferentes sustancias, situación se se hizo más frecuente en los últimos años.El comunicado llegó a todas las gerencias de la provincia y se refiere a “la obligatoriedad de atención, desintoxicación e internación de personas con dependencia cuando sea necesario”.
Claudia Román Rú, secretaria de Salud Mental y Adicciones, indicó que la circular se envió a raíz de “algunos inconvenientes” en la sistematización de la asistencia a pacientes con adicción.
Hasta ahora no estaba del todo claro en qué institución debían tratarse las urgencias relacionadas con el consumo de drogas o alcohol. Román Ru describió que, superada la emergencia, los hospitales deben derivar los casos de abuso de sustancias al área a su cargo para que pueda iniciarse una rehabilitación.
“La primera atención que necesitan los pacientes es clínica y después debe realizarse un abordaje interdisciplinario”, sostuvo la funcionaria.
Adolescentes. El 43 por ciento de los que recurrieron a diferentes terapias en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones durante 2009 estaba entre los13 y 15 años.
Género. De los pacientes que iniciaron tratamientos en organismos del Gobierno el año pasado eran varones el 89 por ciento. Para las mujeres, sería más difícil pedir ayuda.
“Desafío” Según se difundió, todos los hospitales de Salta Capital y la mayoría del interior tienen servicios de psicología o psiquiatría que pueden intervenir en las crisis de pacientes con adicción. Piden que médicos y enfermeros informen las situaciones de abuso de sustancias a organismos especializados.
Román Rú dijo que la dependencia a las drogas “debe abordarse conjuntamente desde lo clínico, psicológico y nutricional”, y que “es un desafío para todo el sistema de salud”.
Tenencia de drogas: ni penas ni cura
El aumento del consumo se ve favorecido porque la Justicia no ordena un tratamiento para los adictos
(Así anunciaba, el diario La Nación, del martes 6 de julio de 2010, su editorial.)
La Sedronar y el Observatorio de Drogas y Lucha contra el Narcotráfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han dado a conocer un informe referido a la primera investigación realizada sobre los casos de tenencias de drogas en los tribunales federales porteños. Del examen cumplido en 8752 causas, solamente en 115 (1,3 por ciento) la sentencia impuso una medida curativa de rehabilitación a los imputados. En el resto, las actuaciones se dieron por cerradas a poco de indagarse.
La investigación cumplida alcanzó a las causas ingresadas en diez de los 12 juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires desde 2007 hasta 2009. En un 60 por ciento de los casos considerados estuvieron involucrados mayores de edad de entre 18 y 29 años. La detención se debió a la tenencia de marihuana en la mayoría de los casos (66,2 por ciento) y en un 25,6 por ciento se trató de cocaína.
En el curso de la tarea cumplida, el personal que investigaba contó con la colaboración de los jueces federales. Así pudieron conocer el criterio aplicado en la resolución de las causas. Según Roberto Canay, director del Observatorio de Drogas, los tribunales encararon generalmente los problemas dentro de los límites de un tratamiento individual. Dijo Canay: "Se careció de un enfoque sociosanitario, del alcance social de algunas medidas que van más allá del acto individual que se analiza en una causa".
Es de señalar que en agosto del año pasado, un fallo de la Corte Suprema despenalizó la tenencia de drogas en dosis mínimas para el consumo personal. Esa sentencia estuvo fundada en la defensa de la autonomía personal y en el derecho a la intimidad.
No obstante, la tenencia podía ser castigada si el consumo se producía en la vía pública. En verdad, la investigación de las causas que datan de 2007 demuestra que la posesión de estupefacientes para su consumo ya no se penalizaba en un tiempo previo al fallo del máximo tribunal. Según la norma en vigor, al que fuera encontrado con drogas en su poder en cantidades mínimas para su consumo y demostrara síntomas de una dependencia adictiva, le correspondería un tratamiento de rehabilitación impuesto por el juez que, a la vez, suspendería la pena que pudiera corresponderle.
Lo que sorprende es que la tenencia de drogas concluya sin penas ni tratamiento curativo. Esta tolerancia judicial contribuye indirectamente al aumento del consumo de drogas, tendencia manifiesta que ha quedado demostrada en la encuesta nacional de la Sedronar, realizada en 2009, que abarcó una muestra de 80.000 estudiantes de la escuela media, oficial y privada.
Como se viene afirmando en estas columnas, sería deseable que una futura legislación sobre este agudo problema social refleje una real voluntad para enfrentar el flagelo de la drogadicción
(Así anunciaba, el diario La Nación, del martes 6 de julio de 2010, su editorial.)
La Sedronar y el Observatorio de Drogas y Lucha contra el Narcotráfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han dado a conocer un informe referido a la primera investigación realizada sobre los casos de tenencias de drogas en los tribunales federales porteños. Del examen cumplido en 8752 causas, solamente en 115 (1,3 por ciento) la sentencia impuso una medida curativa de rehabilitación a los imputados. En el resto, las actuaciones se dieron por cerradas a poco de indagarse.
La investigación cumplida alcanzó a las causas ingresadas en diez de los 12 juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires desde 2007 hasta 2009. En un 60 por ciento de los casos considerados estuvieron involucrados mayores de edad de entre 18 y 29 años. La detención se debió a la tenencia de marihuana en la mayoría de los casos (66,2 por ciento) y en un 25,6 por ciento se trató de cocaína.
En el curso de la tarea cumplida, el personal que investigaba contó con la colaboración de los jueces federales. Así pudieron conocer el criterio aplicado en la resolución de las causas. Según Roberto Canay, director del Observatorio de Drogas, los tribunales encararon generalmente los problemas dentro de los límites de un tratamiento individual. Dijo Canay: "Se careció de un enfoque sociosanitario, del alcance social de algunas medidas que van más allá del acto individual que se analiza en una causa".
Es de señalar que en agosto del año pasado, un fallo de la Corte Suprema despenalizó la tenencia de drogas en dosis mínimas para el consumo personal. Esa sentencia estuvo fundada en la defensa de la autonomía personal y en el derecho a la intimidad.
No obstante, la tenencia podía ser castigada si el consumo se producía en la vía pública. En verdad, la investigación de las causas que datan de 2007 demuestra que la posesión de estupefacientes para su consumo ya no se penalizaba en un tiempo previo al fallo del máximo tribunal. Según la norma en vigor, al que fuera encontrado con drogas en su poder en cantidades mínimas para su consumo y demostrara síntomas de una dependencia adictiva, le correspondería un tratamiento de rehabilitación impuesto por el juez que, a la vez, suspendería la pena que pudiera corresponderle.
Lo que sorprende es que la tenencia de drogas concluya sin penas ni tratamiento curativo. Esta tolerancia judicial contribuye indirectamente al aumento del consumo de drogas, tendencia manifiesta que ha quedado demostrada en la encuesta nacional de la Sedronar, realizada en 2009, que abarcó una muestra de 80.000 estudiantes de la escuela media, oficial y privada.
Como se viene afirmando en estas columnas, sería deseable que una futura legislación sobre este agudo problema social refleje una real voluntad para enfrentar el flagelo de la drogadicción
El dilema de legalizar las drogas
El peligro de las falacias sin sustento
En el presente artículo, un profesional mexicano da por tierra, con argumentaciones estadísticas y sociológicas, con el mito de que la legalización de las drogas, en cualquier grado que se intente, resolvería el problema del narcotráfico y las adicciones.
Hay un supuesto que dice que si las drogas se legalizan, se acabaría con el narcotráfico y el problema de la adicción sería controlable. La experiencia desmiente este supuesto. A excepción de Holanda, todos los países o estados que han experimentado esquemas de legalización o de despenalización han regresado a sus anteriores esquemas prohibicionistas. La causa: la epidemia de adicciones que han surgido como resultado de poner al alcance de todos sustancias que modifican ampliamente la conducta humana. El doctor Rafael Velasco, ex presidente del Consejo Nacional Contra las Adicciones, clasifica a quienes proponen legalizar las drogas en: los que creen que acabaría con el narcotráfico, los que creen que las drogas no son tan malas, los que las han usado sin consecuencias graves, los que confían en soluciones simples para problemas complejos y los que apoyan la irrestricta "libertad" individual. Yo añado los que creen irreflexivamente en estos supuestos y claro, nunca faltan, los que se beneficiarían de la legalización.
Legalizar produce la ilusión de que los delitos se acaban. Y en efecto se acaban, pero de nombre. Ya no existiría el delito de narcotráfico, sencillamente porque la droga se hace llegar de manera legal, pero la adicción ahí estaría. Si se legalizara el homicidio, la tasa de homicidio bajaría a cero, porque ya no habría el delito de homicidio. Pero los muertos ahí estarían. Un gobierno responsable tiene como finalidad principal proteger a sus ciudadanos. La función de protección en México está muy descuidada: el crimen prolifera, el graffiti daña las comunidades, los precios de la droga, muy cortada y adulterada, la pone al alcance de niños y jóvenes. Y quizá, para evitar esta sensación de falta de control, distintos grupos que deberían de proteger a la población han iniciado campañas que ahora con algo de silencio, y en otras con mayor insistencia, promueven la legalización de las drogas.
Experiencias fracasadas
Los experimentos de legalizar o despenalizar han terminado por regresar a la prohibición: en 1975, la corte en Alaska aumentó la permisividad para poseer más marihuana. Para 1988, entre los jóvenes de 12 a 17 años, el consumo aumentó hasta alcanzar más del doble que el promedio nacional de Estados Unidos. Finalmente, en 1990, se volvió al antiguo esquema de prohibición y el consumo empezó a disminuir lentamente. En Inglaterra, entre 1960 y 1970, los adictos a la heroína se multiplicaron por 30 y, durante los 80, el número creció cerca de 40 por ciento anual; ahora, arrepentida, enfrenta el enorme costo de tratar miles de adictos. En comparación, en todo ese tiempo el número de adictos a la heroína en Estados Unidos se mantuvo en cifras de alrededor de 500 mil usuarios. En Suiza, un parque llamado Platzpitz, se definió como lugar de tolerancia para usar drogas. En 1987 tenía 300 visitantes permanentes. Para 1992, eran 20 mil. En 1992 tuvieron que cerrar el parque, como única forma de acabar con el lastimoso espectáculo de gente inyectándose y drogándose a toda hora. Holanda es el único país que no ha dado marcha atrás a la despenalización del uso de las llamadas "drogas blandas", que no son tan blandas: cuando se despenalizó el uso de la marihuana, en 1976, su contenido de tetrahidrocanabinol – el ingrediente activo – era de 3 a 5 por ciento; actualmente es de 35 por ciento, cantidad que produce problemas notables de salud – pérdida de memoria, daños cognitivos, y una falta de energía crónica que convierte al usuario en un ser apático y pasivo –. Los resultados de la despenalización: el número de expendios de estas drogas aumentó, en 10 años, de 30 a mil 500 y el uso de marihuana en el grupo de edad de 18 a 25 años creció 200 por ciento. Al grado de que tan sólo en 1997, hubo un incremento de 25 por ciento en el número de adictos a la marihuana en tratamiento, comparado con un incremento de 3 por ciento en los casos de abuso de alcohol. De 1984 a 1996, el uso de drogas en adolescentes holandeses aumentó 200 por ciento, mientras que en Estados Unidos, en ese mismo periodo, la tasa se redujo en más del 50 por ciento. Las mismas autoridades atribuyen el 65 por ciento del aumento en el crimen juvenil al uso de estas drogas, y el uso de "drogas duras" como la heroína se ha triplicado desde la despenalización de la marihuana, pero Holanda no desea cambiar de rumbo. La frase holandesa que se usa para este fenómeno es alles door de vingers zien: ver a través de los dedos, esto es, ver sólo lo que quieren ver.
Falsas premisas
Los promotores de la legalización dicen que las drogas legales, alcohol y tabaco, matan mucha más gente que las drogas ilícitas, y es cierto. Pero no mencionan que eso es en un contexto de prohibición. Si se legalizaran, la mortalidad crecería enormemente. Estas sustancias alteran gravemente la conducta. Cerca del 70 por ciento de los presos en 12 áreas metropolitanas de Estados Unidos cometieron su delito bajo influencia de las drogas. Un tercio las había usado inmediatamente antes. El 28 por ciento de los homicidas y el 20 por ciento de los violadores cometieron sus delitos bajo influencia de drogas. En el 80 por ciento de los casos de maltrato infantil en que el niño murió, el agresor se encontraba bajo influencia del crack. Es ingenuo pensar que un narcotraficante, que se ha dedicado al delito buena parte de su vida, se convertirá en un respetable hombre de negocios o que, al menos, dejará su actividad ilegal. Si todas las drogas no se legalizan absolutamente para todos con el mismo precio, el esquema fracasará. Si no se legalizan para los niños, o no se legalizan las mal llamadas drogas duras, entonces no faltarán delincuentes que se las vendan. Y el esquema, insisto, fracasará en ese caso en su faceta de inhibir al narcotráfico, porque la epidemia de adicciones y toda la mortalidad relacionada con la droga ahí estaría. Durante mucho tiempo se han podido comprar, en nuestro país, marcas que antes sólo se conseguían de contrabando. Sin embargo, la gente sigue acudiendo a Tepito y otros mercados de contrabando, a comprar a menor precio aquello que fácilmente consigue cerca de su casa. Tampoco parece prudente el usar el esquema de la fiscalización: hacer que los consumidores de drogas paguen impuestos en su consumo, como ocurre con el alcohol y el tabaco. Hacer a una economía dependiente de los impuestos generados por el consumo ciudadano de drogas que acaban con la iniciativa individual y alientan el comportamiento violento es francamente macabro. Las drogas son sustancias que deben permanecer prohibidas, ya que si se aumenta su disponibilidad, más jóvenes y niños pueden caer en la adicción. La facilidad de obtener una droga está íntimamente relacionada con su nivel de uso, como quedó demostrado en el caso de Alaska arriba mencionado y muchos otros. Los programas de combate al narcotráfico y prevención de adicciones deben mejorar, claro está, pero legalizar produce la falsa sensación de control, que no sería sino otro engaño. Uno más, que un gobierno irresponsable podría propiciar.
Gerardo Ochoa Vargas
En el presente artículo, un profesional mexicano da por tierra, con argumentaciones estadísticas y sociológicas, con el mito de que la legalización de las drogas, en cualquier grado que se intente, resolvería el problema del narcotráfico y las adicciones.
Hay un supuesto que dice que si las drogas se legalizan, se acabaría con el narcotráfico y el problema de la adicción sería controlable. La experiencia desmiente este supuesto. A excepción de Holanda, todos los países o estados que han experimentado esquemas de legalización o de despenalización han regresado a sus anteriores esquemas prohibicionistas. La causa: la epidemia de adicciones que han surgido como resultado de poner al alcance de todos sustancias que modifican ampliamente la conducta humana. El doctor Rafael Velasco, ex presidente del Consejo Nacional Contra las Adicciones, clasifica a quienes proponen legalizar las drogas en: los que creen que acabaría con el narcotráfico, los que creen que las drogas no son tan malas, los que las han usado sin consecuencias graves, los que confían en soluciones simples para problemas complejos y los que apoyan la irrestricta "libertad" individual. Yo añado los que creen irreflexivamente en estos supuestos y claro, nunca faltan, los que se beneficiarían de la legalización.
Legalizar produce la ilusión de que los delitos se acaban. Y en efecto se acaban, pero de nombre. Ya no existiría el delito de narcotráfico, sencillamente porque la droga se hace llegar de manera legal, pero la adicción ahí estaría. Si se legalizara el homicidio, la tasa de homicidio bajaría a cero, porque ya no habría el delito de homicidio. Pero los muertos ahí estarían. Un gobierno responsable tiene como finalidad principal proteger a sus ciudadanos. La función de protección en México está muy descuidada: el crimen prolifera, el graffiti daña las comunidades, los precios de la droga, muy cortada y adulterada, la pone al alcance de niños y jóvenes. Y quizá, para evitar esta sensación de falta de control, distintos grupos que deberían de proteger a la población han iniciado campañas que ahora con algo de silencio, y en otras con mayor insistencia, promueven la legalización de las drogas.
Experiencias fracasadas
Los experimentos de legalizar o despenalizar han terminado por regresar a la prohibición: en 1975, la corte en Alaska aumentó la permisividad para poseer más marihuana. Para 1988, entre los jóvenes de 12 a 17 años, el consumo aumentó hasta alcanzar más del doble que el promedio nacional de Estados Unidos. Finalmente, en 1990, se volvió al antiguo esquema de prohibición y el consumo empezó a disminuir lentamente. En Inglaterra, entre 1960 y 1970, los adictos a la heroína se multiplicaron por 30 y, durante los 80, el número creció cerca de 40 por ciento anual; ahora, arrepentida, enfrenta el enorme costo de tratar miles de adictos. En comparación, en todo ese tiempo el número de adictos a la heroína en Estados Unidos se mantuvo en cifras de alrededor de 500 mil usuarios. En Suiza, un parque llamado Platzpitz, se definió como lugar de tolerancia para usar drogas. En 1987 tenía 300 visitantes permanentes. Para 1992, eran 20 mil. En 1992 tuvieron que cerrar el parque, como única forma de acabar con el lastimoso espectáculo de gente inyectándose y drogándose a toda hora. Holanda es el único país que no ha dado marcha atrás a la despenalización del uso de las llamadas "drogas blandas", que no son tan blandas: cuando se despenalizó el uso de la marihuana, en 1976, su contenido de tetrahidrocanabinol – el ingrediente activo – era de 3 a 5 por ciento; actualmente es de 35 por ciento, cantidad que produce problemas notables de salud – pérdida de memoria, daños cognitivos, y una falta de energía crónica que convierte al usuario en un ser apático y pasivo –. Los resultados de la despenalización: el número de expendios de estas drogas aumentó, en 10 años, de 30 a mil 500 y el uso de marihuana en el grupo de edad de 18 a 25 años creció 200 por ciento. Al grado de que tan sólo en 1997, hubo un incremento de 25 por ciento en el número de adictos a la marihuana en tratamiento, comparado con un incremento de 3 por ciento en los casos de abuso de alcohol. De 1984 a 1996, el uso de drogas en adolescentes holandeses aumentó 200 por ciento, mientras que en Estados Unidos, en ese mismo periodo, la tasa se redujo en más del 50 por ciento. Las mismas autoridades atribuyen el 65 por ciento del aumento en el crimen juvenil al uso de estas drogas, y el uso de "drogas duras" como la heroína se ha triplicado desde la despenalización de la marihuana, pero Holanda no desea cambiar de rumbo. La frase holandesa que se usa para este fenómeno es alles door de vingers zien: ver a través de los dedos, esto es, ver sólo lo que quieren ver.
Falsas premisas
Los promotores de la legalización dicen que las drogas legales, alcohol y tabaco, matan mucha más gente que las drogas ilícitas, y es cierto. Pero no mencionan que eso es en un contexto de prohibición. Si se legalizaran, la mortalidad crecería enormemente. Estas sustancias alteran gravemente la conducta. Cerca del 70 por ciento de los presos en 12 áreas metropolitanas de Estados Unidos cometieron su delito bajo influencia de las drogas. Un tercio las había usado inmediatamente antes. El 28 por ciento de los homicidas y el 20 por ciento de los violadores cometieron sus delitos bajo influencia de drogas. En el 80 por ciento de los casos de maltrato infantil en que el niño murió, el agresor se encontraba bajo influencia del crack. Es ingenuo pensar que un narcotraficante, que se ha dedicado al delito buena parte de su vida, se convertirá en un respetable hombre de negocios o que, al menos, dejará su actividad ilegal. Si todas las drogas no se legalizan absolutamente para todos con el mismo precio, el esquema fracasará. Si no se legalizan para los niños, o no se legalizan las mal llamadas drogas duras, entonces no faltarán delincuentes que se las vendan. Y el esquema, insisto, fracasará en ese caso en su faceta de inhibir al narcotráfico, porque la epidemia de adicciones y toda la mortalidad relacionada con la droga ahí estaría. Durante mucho tiempo se han podido comprar, en nuestro país, marcas que antes sólo se conseguían de contrabando. Sin embargo, la gente sigue acudiendo a Tepito y otros mercados de contrabando, a comprar a menor precio aquello que fácilmente consigue cerca de su casa. Tampoco parece prudente el usar el esquema de la fiscalización: hacer que los consumidores de drogas paguen impuestos en su consumo, como ocurre con el alcohol y el tabaco. Hacer a una economía dependiente de los impuestos generados por el consumo ciudadano de drogas que acaban con la iniciativa individual y alientan el comportamiento violento es francamente macabro. Las drogas son sustancias que deben permanecer prohibidas, ya que si se aumenta su disponibilidad, más jóvenes y niños pueden caer en la adicción. La facilidad de obtener una droga está íntimamente relacionada con su nivel de uso, como quedó demostrado en el caso de Alaska arriba mencionado y muchos otros. Los programas de combate al narcotráfico y prevención de adicciones deben mejorar, claro está, pero legalizar produce la falsa sensación de control, que no sería sino otro engaño. Uno más, que un gobierno irresponsable podría propiciar.
Gerardo Ochoa Vargas
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