En el mismo, se analizará la actual emergencia en este campo; se compartirán experiencias locales; se definirán necesidades y se delinearán los ejes directrices de un Plan Quinquenal de Prevención Comunitaria que permita actuar en forma coordinada y eficiente sobre objetivos concretos. También se pedirá la inclusión de las ONG´s en el Consejo Federal de Drogas.
Durante el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones que Luchan contra el Narcotráfico y las Adicciones, las ONG, grupos de familiares, y adictos recuperados de Argentina aceptarán el desafío de hacer realidad los derechos establecidos en el artículo 33 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
El convenio suscripto por la República Argentina en la ONU en 1990 establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.
A pesar de la buena voluntad y de los esfuerzos realizados, cada una de estas organizaciones no lograron en forma individual revertir el avance de las drogas y las adicciones en sus zonas de acción. La falta de recursos, la desatención del Estado, la visión mezquina de algunos dirigentes políticos y nuestra propia torpeza en muchos casos, ha impedido hasta el momento encontrar una forma de vincularnos en los esfuerzos que realizamos en diferentes puntos del país.
Expresa Sonia López de la ONG Madres del Paco y de Fundación Ayudar de Goya que “Entre el 30 de septiembre y el 1º de octubre tenemos por objetivo revertir los errores, analizar la situación, compartir experiencias locales exitosas, definir nuestras necesidades, y delinear los ejes directrices de un Plan Quinquenal de Prevención Comunitaria que nos permita en forma coordinada y eficiente actuar sobre objetivos concretos”.
Agrega que “Elevar de 14 a 18 años la edad de inicio en el consumo de drogas legales e ilegales debe ser un objetivo que concite los esfuerzos de toda la comunidad y de las diferentes esferas del Estado a nivel municipal, provincial y nacional. Hemos perdido demasiado tiempo y la situación es de emergencia, y crítica entre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ya no podemos detenernos a pensar en lo posible, es tiempo de hacer posible lo necesario”.
Situación Crítica
Actualmente la edad de inició promedio a las drogas ilegales se sitúa en los 14 años según datos de SEDRONAR. La misma edad de inicio al consumo de alcohol y el tabaco. La brecha que separaba ambos consumos fue cayendo año tras año a medida que se expande la cantidad de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, de ambos sexos y de toda clase social, que recurren al consumo de sustancias psicoactivas.
En las ONG avocadas a tratamientos de adictos se registran casos de niños de 8 años que reclaman ayuda, al tiempo que son cada vez más recurrentes los casos de adolescentes adictos de padres adictos.
Las estimaciones oficiales aseguran que existen un millón y medio de consumidores de drogas ilegales en el país. Según datos de Naciones Unidas (ONU) del 2010, Argentina lidera el consumo de cocaína a nivel Sudamericano, con igual porcentaje que los EEUU y es el tercer mayor consumidor de marihuana. Según datos de SEDRONAR el 8,4% de adolescentes informaron haber consumido marihuana en el último año; en el 2001 esa cifra era del 3,5%.
El crecimiento operado en la oferta de drogas, la legalización en los hechos de las mismas, la caída en la percepción de riesgo del consumo de estas sustancias, junto a la banalización del discurso periodístico sobre las mismas han colaborado para que se disparen las tasas de crecimiento de adictos a niveles impensados apenas unas décadas atrás.
La actual oferta de plazas para tratamientos es insuficiente. Según FONGA, la entidad que nuclea a ONG que brindan tratamientos a adictos, el sector cuenta con 6 mil plazas. Mientras que existen unas 4 mil plazas de tratamiento en manos del Estado. Todas están sobrepasadas por la demanda. Y el cuadro se complica, porque las reducciones presupuestarias operadas a la SEDRONAR han limitado las posibilidades de acceso a becas gratuitas para el tratamiento de adictos. En la actualidad, son unas 600 becas.
A su vez, las situaciones de precarización laboral de los trabajadores de la salud mental en diferentes provincias, y las amenazas de cierre de dispositivos terapéuticos agravan aún más la situación.
En este cuadro, el reciente programa del Ministerio de Trabajo destinado a brindar herramientas de capacitación laboral para adictos próximos a obtener su reinserción social es auspicioso, pero el mismo no ha llegado a todas las provincias del país. Y no ha sido expandido a los adictos privados de su libertad por delitos vinculados al financiamiento de su consumo.
Incluso, ningún sistema penitenciario del país, salvo Buenos Aires, implementó tratamientos para adictos mientras cumplen condena. Algunas familias, tras un largo proceso legal logran que un juez permita el tratamiento de sus hijos. Pero el sistema aún es en extremo burocrático y no se concibe como un derecho del enfermo. Mientras tanto, la exitosa experiencia implementada en la Unidad 18 de Gorina, de Buenos Aires, ha sido desvirtuada con la inclusión de presos comunes en la unidad. Las necesidades son muchas y acuciantes.
No todo está perdido
En Argentina, viven 6 millones de adolescentes, menores de 20 años, en condiciones de pobreza e indigencia según el informe 2010 de la CEPAL. Estiman que el 2 por ciento se vuelca al delito. De estos 120 mil jóvenes el 70 % sufre proceso penal por delinquir producto de su adicción a drogas. Esto significa que uno 5.880.000 adolescentes no recurren a drogas a pesar de vivir en contextos de hambre, pobreza, marginalidad y exclusión.
Dice Sonia López que “Estos jóvenes desarrollaron herramientas imprescindibles para la vida. Desde las organizaciones que luchamos contra las drogas y el narcotráfico debemos ir a su encuentro y darles voz, para ayudarlos a construir proyectos de futuro, para acompañarlos en sus iniciativas de restitución de derechos. Para que sean la voz de los que quedaron sin voz. Para que juntos podamos construir comunidades saludables libres de drogas”.
Desarrollar Grupos de Padres Preventores, barrio por barrio, municipio por municipio, puede parecer una tarea titánica, pero es necesaria si queremos revertir el actual proceso de aumento de las adicciones en toda la geografía del país. Es un desafió, estamos dispuestos a aceptarlo. Invitamos a toda la sociedad a participar de la defensa del derecho a la vida. Juntos podemos. Hay esperanza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario