Red de Madres y Familiares

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Carta pública al Pueblo Argentino y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. *

Buenos Aires, 26 de junio de 2009

La Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas presentó el día 2 de febrero del corriente año a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de que se convoque a audiencia pública para escuchar a diferentes sectores de la población, afectados directa o indirectamente por el consumo, abuso y adicción a las drogas, así como también consultar a reconocidos referentes técnicos y científicos y a integrantes de ONGs comprometidas en el trabajo de prevención y tratamiento de las adicciones, en presencia de los jueces que trabajan sobre un próximo fallo que legitimaría, según trascendió, la tenencia de sustancias psicotrópicas para consumo personal. También se registra otro pedido de audiencia pública, el año pasado, a través de una carta enviada a uno de los miembros de la Corte. (1)
Si el fallo declara la inconstitucionalidad, en forma general, de la penalización de la tenencia de estupefacientes para uso personal, esa sentencia provocará la necesaria intervención del Congreso para redefinir la ley (23.737) y adecuar la norma a la decisión del máximo tribunal, lo que equivaldría a desconocer los tratados internacionales firmados por nuestro país, que integran nuestra Constitución Nacional.
Esto no sorprenderá a quienes ya han presentado propuestas en esta misma dirección en nuestro Congreso, alentados por algunos funcionarios y algunos legisladores. Son propuestas de modificaciones a la ley vigente: la modificación del artículo 14 que penaliza la tenencia para uso personal (2º párrafo), derogación del articulado que obliga al Estado a intervenir para el caso de consumidor ocasional con la aplicación de una medida preventiva a cargo del Ministerio de Educación (tres meses, dos veces por semana), y, para el caso de abusador o adicto, con la aplicación de una medida curativa a cargo del Ministerio de Salud (tratamiento de recuperación, dos años, o lo que fuera necesario).Además, estas propuestas incluyen legalizar el uso medicinal de la marihuana. En realidad, este uso puede ser reemplazado por medicamentos mucho más eficientes y baratos existentes hoy en día y que no producen dependencia.
La sociedad se enfrenta así a la iniciativa de un grupo de juristas que ya ha tenido graves consecuencias en aquellos países que la aplicaron y debieron dar marcha atrás. La Corte puede cometer un grave error. El tema es complejo y no encuentra fácilmente espacios no distorsivos. Porque exige un abordaje integral y una discusión plena.

Entre algunas de las reflexiones que son necesarias hacer se encuentra el tema de la relación del consumo y su legalización con el modelo sociocultural vigente.

Las cifras recientemente dadas a conocer por el Ministerio de Justicia y el INDEC señalan un consumo de alcohol que afecta al 75% de la población. La enfermedad alcoholismo debe estar por encima del 10% y hubiera interesado que se la registrara. Mientras tanto, Aníbal Fernandez se jacta de que el consumo de cocaína sea de “sólo 2.4%”, cifra que remite a 888.000 personas y que debería preocuparnos. (1)En nuestro país el abuso del alcohol es endémico. La llegada de nuevas drogas se apoya sobre una cultura que da señales ambiguas cuando no contradictorias. Dos mil millones de litros de bebidas alcohólicas en un año para algo más de treinta millones de habitantes significan muchas cosas dentro de una cultura manejada por los medios, como la actual. Sería poco sensato pensar que semejante mercado legal, no tiene influencia sobre cómo piensa la gente que debe disponer de las sustancias que alteran su conciencia, y otro tanto puede decirse también del tabaco y la cultura de la automedicación y/o prescripción abusiva de medicamentos psicotrópicos. Dentro del marco cultural que construye esta oferta, se presentan las drogas ilícitas como un problema emergente que, pese a que se intenta ordenar por separado, recibe la herencia de una sociedad que ya tiene sus definiciones en materia de drogas.Pocos son los que consumen drogas que no hayan partido del abuso del alcohol. Estos jóvenes ya conocían atajos cuando llegaron a las drogas ilegales, y el primero de estos fue el alcohol. También es cierto que no todos los que recorrieron o recorren estos atajos llegaron a las drogas ilegales.(Ni todos los que llegaron a las drogas ilegales finalizaron en el consumo del paco, que, por otro lado, es también la droga de inicio en muchos niños y jóvenes de corta edad en las zonas más marginadas de nuestro país.)Pero esto no significa que cada uno de los peldaños no tenga su propia cosecha de trastornos. La simple intoxicación alcohólica, por ejemplo, produce más muertes en accidentes, por ejemplo, que todas las sobredosis de sustancias ilegales juntas.La medicación del ánimo y del comportamiento comienza muy temprano, desde lo legal y en pocas cantidades.El modelo de resolución de los primeros conflictos a partir del uso indebido de sustancias legales está dentro de los hechos aceptados como "naturales" y fuera de reflexión y cuestión y queda absolutamente tapado por las nuevas necesidades que se despertaron con la dependencia que es la superficie visible del problema.

Cuando los niveles del problema se tratan como si fueran compartimientos separados, cuando se desestima la característica de continuo que los define, desde el abuso de lo legal a lo ilegal, se refuerza la idea de que el problema es de las sustancias y no de las personas.

Este error se repite en el abordaje de la prevención. De esta forma el doble mensaje que implica centrar el problema en lo ilegal habilita, ignorándolo, el uso indebido en los inicios.

El tema es: ¿hasta dónde alcanzan hoy, en la Argentina, los límites de la tolerancia social al uso indebido de drogas?¿Frente a qué y en qué circunstancias actúa la alarma social?

Gran parte del consumo de drogas transcurre a cielo abierto. Y en contextos masivos de concurrentes. Esto nos aleja del ámbito privado “que no afecta a terceros” a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y nos enfrenta a una población que sabe sin darse cuenta, que ve sin mirar, que oye sin escuchar el alboroto desgastante que causa el uso indebido de drogas en su propio medio.Una tolerancia que omite enterarse de lo que ocurre en la propia plaza, en la terraza del edificio, en la cancha de deportes, en los umbrales de las puertas de calle y en las calles, en la esquina, en la galería comercial, en el kiosco del barrio, en la playa, en el boliche, en los pubs y en el estadio de fútbol.Es decir que el uso de drogas ilícitas no transcurre en lugares poco accesibles y nada frecuentados. A veces ni siquiera es anónimo. Puede ser una perspectiva gravemente equivocada pensar que "sólo es un grupo que lo hace", porque el problema son los que no miran, los que no escuchan, los que no se dan cuenta porque ellos son parte de una tolerancia social de doble cara. Situación que, en definitiva, también refleja en un enfoque preventivo que no se ocupa de los problemas que debe resolver.El muchacho que hoy se anima con una cerveza indica que el problema no está circunscripto a lo ilegal. (2) Y la ignorancia lleva a la gente a sufrir accidentes a corto plazo.

Un grupo de jueces debe reconocer que lo jurídico no parece un modo apto de solucionar los problemas de la sociedad actual.

Hasta la fecha no hemos obtenido por parte de la Corte ninguna respuesta a nuestro pedido, a la cual le entregamos oportunamente un texto explicando por qué pedimos la audiencia.Algunos de los miembros de la Corte han explicitado sus fundamentos: citan el artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.Hay temas que sólo los profesionales del Derecho podrán discutir. Pero en cuanto a si el consumo de estupefacientes afecta o no a terceros, sea su práctica privada, pública o colectiva, creemos que está en condiciones de poderlo discutir cualquier simple madre o familiar de un consumidor, abusador o adicto al alcohol o al resto de las drogas. Incluso sus vecinos. Podemos decir que es la comunidad en su totalidad la que resulta afectada y también desprotegida debido a políticas públicas insuficientes y no abarcativas. Esta cuestión debería resolverse antes de cambiar el encuadre jurídico.

La urgencia que le imprimen a hacer modificaciones de la ley debiera orientarse en cambio a la búsqueda de soluciones.

Todos los países que han liberalizado las costumbres, antes de permitirlo, han provisto de más camas públicas, más prevención y más reinserción social. Y nosotros estamos por debajo del punto cero en cada uno de estos temas.
El Estado nacional no está asistiendo adecuadamente a las instituciones que se dedican a la rehabilitación. La Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) no da abasto ante la enorme demanda y cuenta con un presupuesto para unas pocas becas de un año. Éstas no alcanzan para tratamientos prolongados. La gran mayoría de las provincias no tiene sistemas de tratamiento para recuperación de adictos. Sólo unos pocos municipios, con enorme esfuerzo, están buscando articular algún programa. Tampoco se cumple la ley en lo que se refiere a estrategias de prevención, que no deberían consistir sólo en campañas esporádicas, espasmódicas, aleatorias y desconectadas de planes integrales que apunten al rescate del adicto. (3)
La reiterada declaración del ministro de Justicia que sostiene que el consumo es un problema de salud, queda desmentida por una práctica que demuestra que no existen dispositivos sanitarios públicos en la mayor parte de las provincias, ni se asignan los recursos que sería necesario multiplicar para compensar el peso con que se depende de las organizaciones no gubernamentales para la práctica asistencial, mientras se posterga una vez más la prevención integral. (1)

El argumento que asumiría el fallo previsto cuenta también con sus seguidores fuera de la Corte.

Desde políticos hasta empresarios. Argumento que, por supuesto, prescinde de la opinión de la mayoría de los expertos reconocidos del país, así como de los prestadores de los servicios asistenciales. (1) Y han emprendido campañas mediáticas, en favor de sus intereses proveyendo al imaginario social de conceptos tales como “el uso responsable de tal o cual droga”, “el respeto a las libertades individuales”, “la importancia de la educación en la reducción de daños”, “los nuevos paradigmas” y “el valor recreativo del consumo de drogas”. Un ministro nos sorprendió al afirmar que el 75% del consumo juvenil de drogas en el país es "recreativo". Si así fuera, cabe preguntarse si el 25% restante entró en la adicción por un camino distinto del de la "recreación". (3)
A esta altura sólo la irresponsabilidad puede encaminarse por esta senda dudosa. Se basa en la ignorancia de la crisis de valores que soportamos y pretende decir a nuestros hijos que tienen derecho a drogarse. No les hablan de responsabilidades y no les dicen que hay derechos vitales, básicos, que son, día tras día, vulnerados. Hablan de libertad cuando el consumo de drogas no es más que una práctica alienante que conduce a aplacar toda legítima rebelión frente a la inequidad, marginación y exclusión que impera en nuestro país.

Como dijo un poeta: Todo es adrede, bien lo sabemos. Desde el maleficio de las drogas hasta el desmantelamiento de la juventud. Todo está destinado para que no creamos en nosotros mismos y menos aún en el prójimo indefenso. (… ) Todo es adrede y por eso construyen ideologías/basura donde intentan moler las virutas de vida. (Mario Benedetti - “Vivir adrede”)

También hemos hecho nuestras las siguientes reflexiones ya que coinciden con las propias y están en esta oportunidad tan claramente expresadas:

Si el comportamiento del consumo es un comportamiento evasivo de una realidad intolerable, el punto a discutir son las condiciones de esa realidad y no si debe legalizarse o no el escape de ellas.

Se está pasando por encima de otro tema que es el de la calidad de vida de la gente.
Una vez aceptado, y nosotros no lo aceptamos, que no hay cambio posible en la forma de vida actual y que la legalización de las drogas es un camino válido para pasar, por unos instantes, a una alternativa mejor, nos quedan por exigir antes algunas cosas.
Queremos una democracia de libertades plenas, donde un maestro tenga la misma posibilidad de informar a la gente que la que tiene el que vende alcohol o tabaco o revistas que hacen apología del uso de la marihuana. Porque cuando ese mismo empresario, legalmente, pueda salir a vender otra droga más, vamos a necesitar que nuestros hijos accedan a la cultura del conocimiento y no sólo a la que diseña la técnica del marketing.
Queremos también una democracia competitiva, donde a la par del bar y del videogame tengamos para nuestros hijos la posibilidad de mostrarles el placer del conocimiento y el descubrimiento, en otra instancia que no sea la biblioteca silenciosa y vacía que no abre los domingos.
Queremos que los medios provean un espacio —equivalente al que tienen los patrocinadores del consumo— a quienes sostenemos que el cansancio no es malo, que el dolor es parte de la vida y que la caspa no es la medida de la gente.
Queremos un lugar equivalente donde se pueda reivindicar las cosas que no se venden.
Una vez que nos aseguren esta democracia plena y justa, entonces podremos estar de acuerdo en discutir si hay que legalizar las drogas que faltan o con las que ya están es suficientemente grave la situación. (2)

En resumen:

1) No ha existido un debate serio y pleno en relación a una problemática que impregna nuestra convivencia y la altera. Un debate que incluya tanto a los expertos como a las ONGs del campo de la prevención y el tratamiento. Desmentimos que la Comisión de Expertos del Ministerio de Justicia reúna reales expertos reconocidos internacionalmente ya que el único que reúne esa característica es el camarista Dr. Cattani, registrándose la ausencia de representantes de políticas públicas del Ministerio de Salud y de las ONGs. La oportunidad de hacerlo la daría una audiencia pública como ha sido reiteradamente solicitada a la Corte Suprema de Justicia.

2) La tolerancia social es parte del problema.

3) ¿Cuáles debieran ser los ejes de la acción prioritaria? ¿La búsqueda de soluciones o las modificaciones al marco jurídico?

4) El punto a discutir ¿cuál es? : ¿las condiciones de vida intolerables o si se debe legalizar todo aquello que facilite un escape ilusorio de ellas?5)

Entre muchos otros temas a considerar podemos mencionar:

La gran cantidad de oferta.

La falta o insuficiencia de políticas públicas de prevención y asistencia previstas e indicadas en nuestras leyes vigentes y por qué no se cumple con dichas leyes.

El contexto cultural, determinado o condicionado fuertemente a través de los medios por la técnica del marketing. La falta de regulación de este fenómeno y cómo se ha fabricado tan importante demanda de consumo de sustancias psicoactivas.

Hemos intentado expresar el sentir, la experiencia y la palabra de científicos, de técnicos, de profesionales de la salud, de docentes, de gente de la cultura, de afectados por las consecuencias del uso indiscriminado, de personas sensibles al sufrimiento de sus vecinos, en definitiva, de los que hemos quedado excluidos de las consideraciones del poder político, de los juristas y de los empresarios inescrupulosos.Desde ya, lejos de autocomplacernos en este esfuerzo, que lejos está también de abordar la complejidad del tema — somos conscientes de que sólo hemos arrojado algunos aspectos a considerar—, esperamos que sirva como una invitación a la reflexión crítica, a la acción transformadora y a una mayor calidad en la intervención estatal.

Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas

* En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y e l Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución 42/112), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.

Citas bibliográficas
1) Dr. Wilbur R. Grimson, médico psiquiatra, especialista en adicciones y ex secretario de Estado de la SEDRONAR (2002-04), - carta al Dr. Zaffaroni (www.clarinblogs/drogas/prevencion y tratamiento); y Artículo: “Ante el debate de las adicciones” (2008)
2)Dr. Hugo Miguez, investigador independienteConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.Argentina - Fragmentos extraídos de sus artículos: “Apuntes para la prevención”(1999) y “Sobre la legalización de las drogas”(1994)
3) José Eduardo Lozano- obispo de Gualeguaychú: “Despenalizar ¿cura o mata?” La Nación, 29/12/2008