Una sociedad sana tiende a reducir el monto de enfermedad en su seno.
Manifestamos nuestro desacuerdo con un enfoque que consideramos irresponsable frente a las adicciones y el narcotráfico, desde una postura que se pretende protectora de supuestas libertades individuales y de supuestos derechos humanos del consumidor.
Nuestros hijos no están siendo libres de elegir cuando son víctimas de las drogas. Su vulnerabilidad no es tenida en cuenta, pero sí en cambio la de las llamadas “mulitas”. La situación económica de los pequeños narcotraficantes no altera el carácter criminal de su actividad, que además implica el fomento de consumos de sustancias no sólo nocivas sino incluso letales, sin importar la edad ni la indefensión de las víctimas, que están muy lejos de ser los consumidores soberanos que presupone el proyecto. Las mulitas, a partir de ahora tendrán total libertad para repartir muerte entre nuestros hijo.
La propaganda que se ha hecho es deshonesta: cuando a un joven se lo encontraba con sustancias para consumo personal, hasta ahora, se lo enviaba a hacer grupos en un CPA (no a la cárcel) y la familia podía tomar medidas, lo que a partir de ahora será historia, habrá que esperar largos años de enfermedad hasta que la realidad de una enfermedad progresiva se haga insoportable para el/la joven.
Expliquen uds. con qué fundamento sostienen que, sustancias altamente adictivas, que modifican los reflejos, el raciocinio, la afectividad y finalmente la personalidad son inocuas.
Creemos que el enfoque que hace hincapié en las supuestas libertades individuales y en la mera “reducción de daños” es conformista y produce un efecto de legitimación ideológica del consumo de drogas. Pero además, vulnera el derecho a la salud y soslaya la relación entre el consumo de drogas y la exclusión social, abandonando a nuestros niños y jóvenes a un presente autodestructivo, con lo cual también se los condena a un futuro sombrío o inexistente.
El proyecto invoca el artículo 19 de la Constitución: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”… ¿Qué tienen que ver los “hombres” que aquí se mencionan con los chicos que caen todos los días víctimas de las sustancias?, ¿cómo puede no verse esta situación como de profunda degradación de la “moral pública” y dejarla en manos de “Dios”, puesto que “los magistrados” debieran lavarse las manos?...
¿Cuándo van a plantearse que el consumo de drogas sea problemático para terceros? ¿Cuándo un chofer choque, cuando un cirujano destruya una vida, cuando un hijo tenga la edad suficiente para interpelar a un padre adicto?
Consideramos que este enfoque confunde los “derechos humanos” con los “derechos individuales” y a éstos con los “derechos del consumidor”, descuidándose el derecho a la salud, al ciudadano y al ser humano verdaderamente libre que el estado y la sociedad debieran posibilitar.
Estamos en una sociedad profundamente desigual, sin educación inclusiva, sin una buena política de prevención y sin un buen sistema de salud. En estas condiciones, resultan profundamente irresponsables las posturas que subestiman la capacidad de destrucción de las drogas y legitiman su consumo.
Por el contrario, hace falta un fuerte compromiso por parte del estado y de la sociedad para enfrentar decididamente las adicciones y el narcotráfico, en todos los eslabones de la cadena.
La ley 23.737 estipula que en aquellos casos en que alguien es encontrado con drogas en su poder para uso personal y existe una dependencia física o psíquica de la sustancia, el juez debe imponer una medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario.
Es importante aclarar que, a diferencia de Holanda, donde la tenencia de cocaína para uso personal se castiga con un año de prisión, mientras que la tenencia de entre los 5 y 30 gramos de marihuana se castiga con un mes de arresto, la ley 23.737 no criminaliza sino que da una posibilidad de cura.
No estamos de acuerdo tampoco con el enfoque de países como Suecia, que han logrado éxito en comparación con lo que ocurre en otros países europeos, desde que en el año 88 han penalizado no sólo la tenencia sino también el consumo.
Es por eso que defendemos la ley 23.737 que establece la derivación judicial a tratamiento de un consumidor de drogas ya que habilita una serie de instrumentos que sirven para que el Estado tenga una asistencia directa y efectiva de las personas vinculadas con estas adicciones ilegales.
Según lo determina la primera investigación sobre casos de tenencia de estupefacientes, realizada en conjunto por la Sedronar y el observatorio de drogas de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al análisis de expedientes de diez de los 12 juzgados federales de la Capital, sobre 8752 causas ingresadas en los tribunales entre 2007 y 2009 fueron 115 las que tuvieron una sentencia que derivó a los consumidores a realizar tratamientos de recuperación.
Apenas el 1,3 por ciento de las causas por tenencia de drogas termina en una medida curativa para los involucrados.
Se nos quiere hacer creer que fracasó una ley y modificar artículos cuya aplicación ha sido y es prácticamente nula.
Cerca del 99 por ciento de los expedientes por infracción a la ley 27.737 ya eran archivados antes del fallo de la Corte Suprema en el caso Arriola.
Un porcentaje mínimo de los casos que involucran la tenencia de drogas terminaron en resoluciones que posibilitaron acciones de rehabilitación médica de los consumidores.
Cualquier vendedor minorista de estas sustancias a quien se le encuentre una pequeña cantidad de estupefacientes esgrimirá que está destinada a su consumo personal. La despenalización de la tenencia se trata de una norma que facilitará el expendio de drogas: se facilita el trabajo a los narcotraficantes y el consumo a los adictos.
"Hay que dificultar el acceso y el consumo, no facilitarlo", había dicho monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú y titular de la Comisión para la Pastoral de Adicciones.
Los sacerdotes del Equipo para las Villas de Emergencias de la ciudad se preguntaron: "¿Cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal?".
la despenalización "influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen daño". Y afirmaron que sin un buen sistema de salud, políticas de prevención y una educación inclusiva, "despenalizar en esas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud".
¿Quién puede garantizar que alguien que acaba de drogarse de manera privada no perjudique a un tercero? ¿Alguien puede asegurar que un cirujano que se drogue privadamente no pueda perjudicar a un tercero? ¿Alguien puede asegurar que un comandante de avión, que se drogue privadamente, no pueda perjudicar a un tercero? ¿Alguien desconoce que los delitos aumentan por efectos de la droga, aunque sea consumida privadamente?
En cuanto al artículo 14 de la ley 23.737, tanto su primero como segundo párrafo, su constitucionalidad fue analizada por las comisiones de Drogadicción, Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, y el texto fue aprobado por los plenarios de ambas Cámaras.
¿Se equivocaron absolutamente todos...?
¿ Qué pasa en la Argentina con las drogas legales ? Las cifras de muertes por alcoholismo y tabaquismo nos alertan sobre los graves problemas ocasionados . En la argentina hay más de 8 millones de fumadores y mas de 2.500.000 bebedores con problemas. Alrededor de 25 mil bebedores y 40 mil fumadores morirán por año en muestro país como consecuencia de las de ambas adicciones. Estas cifras no pueden ser ignoradas por quienes a pesar de ellas, proponen la legalización de otras drogas adicionales. Las consecuencias serían las de un verdadero genocidio: sostener la legalidad al costo de una masacre.
El panorama de las drogas en nuestro país sería menos desalentador si se implementase una política de Estado para prevenir y combatir las adicciones y el narcotráfico, y si el papel del ciudadano común frente a la drogadicción fuera menos permisivo.
Si existiera una mayor conciencia colectiva del mal que tenemos enfrente, si ningún legislador propondría medidas para facilitar el consumo con el objetivo de captar votos.
Quisiéramos exponer algunas conclusiones del Gobierno de Estados Unidos . Para la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas la legalización de las drogas no representa una solución porque puede elevar el consumo y generar más problemas de salud pública, sin impactar las ganancias del crimen organizado.
“La legalización sigue sin ser una opción en el gobierno de Obama”, señala la ONDCP, ya que el uso ilegal de droga está asociado con “accidentes automovilísticos fatales, enfermedades mentales e ingresos de emergencia en hospitales”.
El gobierno estadounidense sostiene que investigaciones independientes demuestran, por ejemplo, que legalizar la marihuana en California no reducirá significativamente las ganancias de los narcotraficantes mexicanos.
“Debido a la variedad de los negocios de los cárteles, y a su naturaleza ilícita, determinar el porcentaje preciso de ganancias que obtienen de la marihuana es problemático, pero estamos seguros de que incluso la eliminación completa de una de sus ‘líneas de producción’ no resultará en un desmantelamiento de las organizaciones criminales”.
El ex embajador de Colombia en la Argentina y luego canciller Jaime Bermúdez, advirtió oportunamente que la despenalización traería un incremento de drogas en el territorio nacional en lugar de disminuirlo. "La experiencia de Colombia indica que despenalizar la droga no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo contrario", declaró al diario La Nación.
NO estamos pidiendo penalización del consumo, sino normas y políticas que NO faciliten la compraventa y el consumo de drogas.
No queremos que nuestros hijos sean tratados como meros consumidores, reclamamos por su derecho a la salud y por su habilitación como ciudadanos libres y seres humanos con un futuro posible.
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