Texto basado en el documento surgido y aprobado por organizaciones sociales participantes de la Comisión Jurídico Legal del Encuentro Nacional de Goya, realizado el 30 de septiembre y 1º de octubre de este año; y ratificado luego por organizaciones que no estuvieron ni en la comisión ni en Goya pero que asistieron al Seminario en Diputados.

Las actuales leyes que brindan herramientas para la protección de los adictos y sus familias, no son cumplidas por los jueces.

En este marco no obstante se avanzó en la sanción de la Ley de Salud Mental y se presentaron nueve proyectos que legalizan, en los hechos, diferentes aspectos e instancias de la producción, distribución y comercialización de estupefacientes.

Estos cambios desprotegen al adicto, a los familiares de los mismos como así también a nuestra sociedad que es víctima de la inseguridad.

Representan la violación de los principios y garantías establecidos en el Convenio Internacional de los Derechos del Niño y un atropello a los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Nación, como el pacto de San José de Costa Rica.

También representan una violación a las Convenciones de Estupefacientes firmadas por Argentina en la ONU.

Ante el aumento y naturalización del consumo de drogas en todos los segmentos de la población y la constatación de casos de niños adictos en algunos casos hasta de cinco años, las organizaciones civiles, grupos de familiares, padres preventores y adictos recuperados suscribimos los puntos a continuación detallados.

1 – NO A LOS PROYECTOS DE LEGALIZACIÓN DE DROGAS

No estamos de acuerdo con la despenalización de la tenencia simple de drogas. En Argentina el consumo de drogas está despenalizado desde 1988 y la Ley 23.737 brinda herramientas de protección al adicto que desde hace varios años han dejado de ser puestas en práctica por los jueces.

La medida educativa y la medida curativa, ambas establecidas para cuidar de nuestros hijos, no son cumplidas por los jueces. Una investigación del Observatorio de Drogas de la Nación muestra que sólo el 1,3% de los casos de adictos con tenencia simple de drogas han recibido la asistencia bajo costo del Estado prevista en la Ley 23.737

La adicción es una enfermedad crónica donde el adicto no domina su voluntad, y muchas veces delinque o se violenta con su familia para conseguir dinero y continuar consumiendo. El manual de diagnóstico psiquiátrico DSM 4 confirma y describe las conductas que surgen de esta enfermedad.

Necesitamos que los jueces hagan cumplir la ley 23.737 en todos sus términos y realicen una interpretación de las leyes con una visión social ya que nos niega en la actualidad la internación compulsiva de nuestros familiares.

2 – NO A LA LEGALIZACIÓN DEL CULTIVO DE MARIHUANA Y DE LOS INSUMOS PARA SU PRODUCCIÓN Y CONSUMO.

En toda la Argentina las llamadas “organizaciones cannábicas” están enseñando a cultivar marihuana a los chicos sin importar sus edades. Las encuestas realizadas por la Red de Madres Por La Vida da cuenta de que el 70% de los adictos al paco iniciaron su consumo de drogas ilegales con la marihuana.

Esta marihuana en la actualidad no tiene nada de natural. Más de docientas especies se venden en el mercado. Semillas transgénicas manipuladas genéticamente para conseguir mayor concentración de THC aumentando la cantidad de estupefaciente que puede producir cada planta hasta en 20 veces.

Ante las multimillonarias ganancias y expansión del mercado del narcotráfico pedimos tanto al gobierno nacional como a la oposición luchar contra el mismo con todas las herramientas que dispongan.

3 – INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE SALUD MENTAL.

Dicha ley nos quita una herramienta fundamental para la protección de nuestros hijos adictos, al prohibir o trabar fuertemente en los hechos la internación compulsiva, estableciendo una serie de condiciones burocráticas que atentan contra la salud de los adictos.

El adicto no puede hacer uso del ejercicio de su derecho. Los chicos pierden la voluntad, son dependientes y esta ley los deja fuera del sistema de atención sanitaria que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Consideramos también que esta Ley de Salud Mental representa un “abandono de persona” al impedir el libre cumplimiento del Artículo 482 del Código Civil que establece el recurso de “protección de persona” para lograr la internación y tratamiento de niños, adolescentes y jóvenes.

Esta herramienta con la que contábamos familiares y organizaciones civiles está derogada en los hechos. Necesitamos que los jueces den cumplimiento a la misma.

La falta de una visión social en sus decisiones y la burocracia de las mismas hacen peligrar las posibilidades de recuperación de nuestros hijos en tratamientos gratuitos.

Esta ley también impide la creación de nuevos espacios de tratamiento para adictos. Una contradicción total ante el aumento de consumo de drogas y la ya existente sobredemanda de las 6.000 plazas de tratamientos existentes en el país.

4 – NO A LAS PROPUESTAS JURÍDICAS DE “REDUCCIÓN DE DAÑOS”

La “Reducción de daños” repite los mismos mecanismos de la codependencia al considerar al adicto como una persona incapaz de desarrollar herramientas propias que lo lleven a alcanzar una situación personal de florecimiento que lo libere de la dependencia a las drogas.

Estas supuestas medidas terapéuticas sólo pretenden perpetuar en el tiempo al cliente del narcotráfico, ya sea legal o ilegal. Creer en el hombre es confiar en su capacidad de redimirse aún de sus peores miserias.

Los miles de casos de adictos recuperados que pululan en el país dan testimonio de que, a pesar de ser una enfermedad crónica, ellos pueden rehabilitarse de las adicciones y construir proyectos de vida libre de drogas.

Los familiares de los adictos “enfermos” no consideramos que llevar a los mismos a un tratamiento para su recuperación implique atentar contra su libertad y sus derechos. La realidad que vivimos nos muestra que los adictos no viven en libertad sino todo lo contrario: esclavizados por la adicción.

La llamada “reducción de daños” fomenta la enfermedad.

NOSOTROS LUCHAMOS PÒR LA VIDA.

Pedimos a nuestra Presidenta, a los senadores, diputados, jueces, organismos de Derechos Humanos, que sea analizada en profundidad nuestra problemática.